martes, 17 de enero de 2017

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Horas extras sin controlar en la Banca, se aproxima el desenlace

La inspección de Trabajo presiona a la banca por las horas extra que no paga a su plantilla
Los inspectores de Trabajo han estrechado el cerco sobre el sector financiero, tras las numerosas denuncias cursadas por los sindicatos por el exceso de horas fuera de la jornada laboral que no se remunera a los empleados de banca.
“Cientos de inspecciones de trabajo, quizá miles, según nuestros cálculos, han resuelto que los empleados de la banca están realizando una jornada laboral mucho más extensa que la que les corresponde. No sólo es una explotación, sino un fraude a Seguridad Social y la Hacienda Pública, ya que los bancos no están pagando cotización por esas horas”, explican fuentes sindicales.
Entre enero y septiembre de 2016, últimos datos disponibles, 101.500 empleados del sector financiero y de seguros realizaron horas extraordinarias que no fueron remuneradas, según las estadísticas de la EPA (Encuesta de Población Activa), que elabora el INE. Esta cifra supone un 8% del total de empleados en el sector, según la misma Encuesta. Las cifras quedan por debajo de las reales, en opinión de los representantes de los empleados.
AEB y CECA, representadas por el bufete Sagardoy, y CCOO y UGT negociarán un marco que regule la jornada laboral
Esta situación irregular, que desde hace años ha sido denunciada por los sindicatos y que se ha materializado en numerosas sanciones a los bancos, que son recurridas recurrentemente, ha forzado a la banca sentarse a hablar con los sindicatos para pactar un acuerdo marco sobre el control y registro de la jornada de trabajo.
Las patronales del sector financiero AEB y CECA, representadas por el bufete Sagardoy, y CCOO y UGT acaban de constituir las mesas negociadoras con el objetivo de alcanzar, como tarde, un acuerdo el 15 de marzo. La banca aspira a la entrada en vigor del nuevo marco el 1 de julio.
Más de 100.000 empleados de banca no cobraron horas extras entre enero y septiembre de 2016, según la EPA
A la espera de que tenga lugar la primera reunión, prevista para el 25 de enero, los sindicatos, por un lado, y Sagardoy, por otro, han intercambiado ideas y líneas generales sobre las que articular el acuerdo.
“Ante las actuaciones judiciales emprendidas por algunos sindicatos y las actuaciones de la Inspección de Trabajo, en las que se hace una interpretación muy exigente del deber de registro de la jornada previsto en el artículo 35.5 del Estatuto de los Trabajadores, es conveniente explorar la posibilidad de un acuerdo marco […] que permita encauzar de una manera racional el cumplimiento del citado requerimiento legal, haciéndolo compatible con las políticas de flexibilidad en la distribución de la jornada […]”, explica Sagardoy en un documento interno.
Ambas partes coinciden en que hay que llegar a un compromiso para garantizar el cumplimiento de la jornada anual pactada en el convenio colectivo aplicable.
Sin embargo, los sindicatos reconocen la dificultad de lograr mecanismos que aseguren que se respetan los horarios. Recuerdan que en 2015, Bankia fue condenada a establecer un sistema que permitiese contabilizar las horas extra. La entidad lo ha implementado, pero consideran que su funcionamiento no es riguroso.
“Desde hace casi un año, hemos estado negociando con Santander, BBVA y CaixaBank a nivel interno y la relación no fue muy fluida. Finalmente, se han paralizado las conversaciones porque se decidió crear un acuerdo marco para todo el sector financiero, ya que el problema está generalizado”, añaden desde uno de los sindicatos implicados.
Actualmente, el convenio del sector bancario, representado por la AEB, fija el número de horas anuales en 1.700, mientras que el de las antiguas cajas de ahorro, representadas por CECA, se sitúa en 1.640. Según fuentes sindicales, en un sector en el que se da por hecho que hay que trabajar por las tardes, aunque sea fuera del convenio colectivo, el exceso de jornada supera el 30%.
Santander, CaixaBank, BBVA y Popular, entre otros, han recibido sanciones en primera instancia por parte de la inspección de Trabajo. “Los inspectores han impuesto muchas sanciones de entre 1.000 y 5.000 euros, pero la banca las recurre una y otra vez, agotando la vía administrativa, contenciosa y así hasta llegar al Supremo”, explican los representantes sindicales.
Junto a las denuncias de los sindicatos y las inspecciones de trabajo, una sentencia ha sido clave para sentar a patronales y sindicatos. La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional dictó una sentencia de 6 de mayo del año pasado, recordando, de acuerdo con el artículo 35.5 del Estatuto de los Trabajadores, que las empresas tienen obligación de registrar cada día la jornada de trabajo de los trabajadores, la obligación de informar a los trabajadores del cómputo y la obligación de tener dicha información accesible para la inspección

Derecho a la desconexión

CCOO y UGT han elaborado una guía de buenas prácticas que negociarán con las patronales en la que reivindican el derecho a la desconexión, según el cual, “salvo excepciones justificadas desde las 19:00 horas hasta las 7:30 del siguiente día laborable, se instrumentará un apagón generalizado de luces en los centros de trabajo, y de mensajes en teléfonos, ordenadores portátiles o tablets corporativas”.
Del mismo modo, reclaman que “el contacto telefónico entre las personas superiores jerárquicas y el personal a su cargo, así como el envío de correos electrónicos o de mensajería de cualquier tipo, para asuntos que no puedan esperar al principio de la jornada laboral del día siguiente, se reducirá al mínimo imprescindible para el buen funcionamiento de la actividad productiva, y en ningún caso podrá contener mandatos, exigencias o requerimientos para realizar cualquier tipo de actividad laboral fuera de la jornada ordinaria, incluido el envío de reportes, resúmenes o compromisos de actividad productiva”.
Los sindicatos quieren que los empleados no sean contactados por email, teléfono u otras vías, entre las 19.3o y 7,30
La guía de buenas prácticas contempla que “con carácter general, las reuniones para la realización de cualquier actividad fuera de los límites de la jornada ordinaria no podrán sobrepasar las 19:00 horas”.
Y recoge que “el tiempo dedicado a las convocatorias para la realización de cualquier actividad fuera de los límites de la jornada ordinaria será computado como de trabajo efectivo”.
Los sindicatos negociarán la prohibición de la realización de horas extraordinarias en contrataciones a tiempo parcial, para la formación y el aprendizaje, a menores de edad y a los trabajadores en horario nocturno.
También solicitarán que las convocatorias para cualquier actividad (cursos presenciales, reuniones, livemeeting, presentaciones, información, etcétera) en horario fuera de los límites de la jornada ordinaria se convoquen por escrito, con indicación expresa de la voluntariedad de su asistencia y con una antelación mínima de 48 horas.
Ana Antón (El Independiente)

lunes, 9 de enero de 2017

BAJA A MÍNIMOS EL COSTE DEL DESPIDO EN BANCA

La indemnización media cae a 26.000 euros, la cota más baja de toda la reestructuración
(Alejandro Meraviglia)
Los recortes de plantilla de las grandes entidades financieras dispararon el coste del despido en banca a 131.320 euros en 2015, su máximo histórico. El fin de los principales procesos de reestructuración acometidos por el sector rebajó la indemnización media a 26.575 euros el otoño pasado, su cota más baja desde la reordenación de las cajas de ahorro pero aún hay ajustes pendientes.
El sector financiero español ha protagonizado un proceso de reestructuración sin precedentes en los últimos años. De un sistema bancario con más de cuatro decenas de entidades se ha pasado a una quincena de firmas que han reducido con fuerza su red de empleados y oficinas. El número de sucursales, que se situaba por encima de las 46.000 cuando la quiebra de Lehman Brothers disparó las alarmas de la crisis financiera internacional, en otoño de 2008, se ha reducido drásticamente hasta las 29.645 oficinas que quedaban en septiembre de 2016, según los últimos datos del Banco de España.

En paralelo, la banca ha destruido cerca de 85.000 de los 278.300 empleos que mantenía antes de la vorágine. El ajuste suma un 14% de todo el ajuste de plantilla de la industria financiera global en dicho periodo. Un adelgazamiento sin precedentes de la fuerza laboral financiera que ha hecho oscilar con fuerza el coste del despido en banca. Tras tocar techo en 2015, sin embargo, la indemnización media por trabajador despedido en el sector ha caído ahora a su cota mínima desde que arrancara el proceso de fusiones de las antiguas cajas de ahorro.
En concreto, el coste del despido en banca se situaba al cierre del tercer trimestre de 2016 en los 26.575 euros, la cifra más baja desde los 23.866 euros registrado en el arranque de 2010. Entre medias, la indemnización media se disparó hasta los 128.211 euros alcanzados en 2011 en medio del baile de fusiones de las cajas, o los 131.340 euros que se registraron en el tercer trimestre de 2015, debido a los procesos de absorción de entidades medianas por parte de la gran banca española.
Aún así, aunque pudo serlo más, la reducción de plantilla financiera fue intensa en 2016. Pese a los augurios de banqueros y supervisores, que hablaban de una nueva ronda de fusiones, la incertidumbre que desató la parálisis política del ejercicio propició que las entidades se concentraran en ajustes internos como fórmula para tratar de paliar la presión que ejerce sobre los márgenes de negocio la política de tipos cero del BCE.
Un movimiento especialmente destacado en este sentido es el ajuste emprendido por Banco Santander la pasada primavera, que terminó pactando con los sindicatos la salida de 1.380 de sus 24.200 empleados, una rebaja del 5% de su fuerza laboral, mediante planes de prejubilación para unos 800 empleados y un expediente de regulación de empleo (ERE) para el resto, cuya adhesión se incentivó con indemnizaciones de 40 días por año trabajado y tope en 24 mensualidades más primas por antigüedad que iban de 4.000 a 30.000 euros.
Unicaja, de otra parte, también acometió un recorte de plantilla especialmente destacado sobre España Duero, la nueva denominación que dio a Banc Ceiss tras absorberlo. La matriz malagueña planteó un ajuste de un tercio de los empleados restantes en la entidad, aunque durante la negociación la cifra finalmente se redujo a un tercio del total mediante 250 recolocaciones y 850 salidas entre prejubilaciones y bajas a 33 días de salario por año trabajado y una prima de 700 euros por cada año de antigüedad. En esta línea, Liberbank propulsó en junio un millar de salidas entre prejubilaciones y bajas a 30 días por año con tope en 20 mensualidades.
CaixaBank, por su parte, dio por cerrado en septiembre un plan de 431 bajas incentivadas aunque su estimación inicial era facilitar 1.120, tras llevar a cabo un plan de prejubilaciones para otro medio millar en primavera. También BBVA ha llevado a cabo planes de ajuste adicionales durante 2016, pese a que ambas entidades llevaron a cabo importantes recortes el año anterior para absorber Barclays y Catalunya Banc, respectivamente.
Pese al calado de los ajustes culminados en los últimos años, la debilidad del negocio y el auge de la banca digital prometen propiciar un goteo progresivo de nuevas salidas que acompañarán a procesos extraordinarios, como el abierto por Banco Popular (ver despiece), o los que pueden acompañar la privatización de las entidades rescatadas, con lo que es previsible que el coste del despido en banca no se haya estabilizado aún.

Los ajustes por hacer tras 7.500 salidas en 2016

El calibre real de la reestructuración laboral y de capacidad instalada de la banca depende de la fuente, pues se manejan diversas cifras. Los registros oficiales del Banco de España recogen que el número de empleados del conjunto sector financiero se han reducido desde los 278.301 del pico alcanzado en 2008 a los 202.954 de cierre de 2015 (279.855 en 2008 y 197.825 en 2015, si se atiende solo a las entidades de depósito). El supervisor calcula que las oficinas han pasado de 46.000 al inicio de la crisis a 29.645 a cierre del tercer trimestre del año pasado. Es decir, un retroceso del 27% en sucursales y del 35% en fuerza laboral, a la que habría que sumarle la destrucción de cerca de 7.500 empleos más durante el pasado ejercicio.
El ajuste más potente planteado en 2016 –y que la estadística de costes de despido aún no recoge– lo protagonizó Banco Popular que pactó la salida de 2.592 empleados, dos millares de ellos mediante prejubilaciones, y el resto entre excedencias y bajas incentivadas con 35 días de salario por año trabajado y un tope de 110.000 euros.
Los procesos de ajuste que deparará el nuevo ejercicio recién arrancado están todavía por ver pero un factor clave será el futuro de BMN. Aunque el Estado estudiará su posible colocación a un tercero, si las subastas no son suficientemente interesantes se decantará por fusionarla con Bankia dando lugar a una entidad con más de 17.000 empleados y 2.500 oficinas en las que habría que estudiar los solapamientos.
Con todo, la Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas) asume que la reestructuración del sector financiero está lejos de concluir. La institución estima que el número de sucursales se ha rebajado desde las 37.903 de 2012 a 31.021 a finales de 2015, periodo en el que la plantilla del ramo ha caído de 231.389 a 194.688 trabajadores. A partir de ahí, los expertos de Funcas estiman que el sector financiero español habrá acometido el cierre de otras 3.000 oficinas y casi 14.700 empleados hasta 2019.
Juan De Portillo