jueves, 19 de mayo de 2016

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Ordóñez y su jefe jurídico cobraron 671.712 euros de indemnización

El ex gobernador computó dietas para redondear su finiquito en el Banco de España.
El ex secretario general cobró como despido improcedente su marcha voluntaria a la Caixa.

El Tribunal de Cuentas destapa indemnizaciones por despido en el Banco de España que son privilegiadas en el ámbito de la Administración pública. El ex gobernador, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, logró 348.751 euros cuando dejó la institución en 2012 y su jefe jurídico, José Antonio Alepuz, otros 322.961 euros en el mismo año. En total, se repartieron 671.712 euros en el año de la intervención de Bankia y petición de rescate bancario a la Unión Europea.
En el caso de Ordóñez, el Banco de España le indemniza con el 80% del último salario percibido y durante dos años, para compensarle por no poder trabajar en ningún banco o entidad incompatible. La cifra desvelada por el Tribunal de Cuentas constituye una sorpresa, puesto que el sueldo conocido de Ordóñez era 176.000 euros, por lo que la indemnización durante dos años con el 80% no podía superar los 280.000 euros. Sin embargo, según revela el Tribunal de Cuentas, Ordóñez ganaba mucho más de lo que decía, puesto que cobraba dietas por cada reunión a los comités que convocaba. Eso hace que su último sueldo fuera superior y, por tanto, la indemnización también.
"El cálculo de las cantidades satisfechas tuvo en cuenta, además de su sueldo,diversos complementos y las dietas de asistencia a las reuniones del Consejo de Gobierno y de su Comisión Ejecutiva", señala el Tribunal de Cuentas en su informe de fiscalización del cumplimiento de la normativa en materia de indemnizaciones recibidas por cese de altos cargos y del régimen retributivo de altos directivos de determinadas entidades del sector público estatal de los años 2012 a 2014. Las indemnizaciones en el Banco de España son las más elevadas de todas las fiscalizadas.El órgano fiscalizador critica que el Banco de España, dirigido por su sucesor Luis Linde, no haya publicado en su Portal de Transparencia la indemnización de Ordóñez, pero admite que su cuantía es "adecuada" a la normativa interna del organismo aprobada en 2008.
Más criticable considera el caso de Alepuz, que recibió el grueso de sus 322.961 euros de indemnización como un presunto despido improcedente cuando en realidad dimitió voluntariamente para trabajar en la Caixa.
Según el Tribunal de Cuentas, en septiembre de 2011 la Comisión Ejecutiva del Banco de España aceptó la "renuncia voluntaria" de Alepuz, que había sido secretario general y jefe de los servicios jurídicos desde 2002. Como el reglamento interno del Banco de España prohíbe que el secretario general pueda trabajar con entidades sujetas a la supervisión o percibir de ellas retribución alguna, como es la Caixa, durante seis meses desde el cese le pagó una compensación del 40% del sueldo durante ese período.
Además, pese al discurso habitual del Banco de España a favor del abaratamiento del despido, el Tribunal de Cuentas asegura que esta institución tiene un singular reglamento interno: los altos cargos que resuelvan su relación laboral con el banco percibirán las mensualidades previstas en el Estatuto de los Trabajadores por despido improcedente --45 días por año trabajado en el momento de los hechos-- con un máximo de dos anualidades. En resumen, Alepuz cobró 83.000 euros por esperar seis meses a trabajar en la Caixa y otros 281.476 euros por su presunto despido improcedente.
El Tribunal de Cuentas critica que Alepuz se embolsara este dinero, incluso después de que el actual Gobierno impulsara un decreto de limitación de indemnización por cese en la Administración. El Banco de España tiene un régimen propio, pero el Tribunal de Cuentas resalta "el contraste".
El informe afea también otros comportamientos en el sector público. Resalta por ejemplo que cuatro directivos del Instituto de Crédito Oficial lograron una indemnización "muy superior a la que le habría correspondido después" gracias a que cesaron días antes de la reforma laboral de febrero de 2012. Esto supone que el director general adjunto a la Presidencia del ICO recibió 33.663 euros de indemnización, el director general de Negocios 62.967 euros, el director general comercial 49.207 euros y el director general de Riesgos y Control Financiero 46.780 euros. En total, 192.617 euros al lograr salir a tiempo.
CARLOS SEGOVIA

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