lunes, 9 de enero de 2017

BAJA A MÍNIMOS EL COSTE DEL DESPIDO EN BANCA

La indemnización media cae a 26.000 euros, la cota más baja de toda la reestructuración
(Alejandro Meraviglia)
Los recortes de plantilla de las grandes entidades financieras dispararon el coste del despido en banca a 131.320 euros en 2015, su máximo histórico. El fin de los principales procesos de reestructuración acometidos por el sector rebajó la indemnización media a 26.575 euros el otoño pasado, su cota más baja desde la reordenación de las cajas de ahorro pero aún hay ajustes pendientes.
El sector financiero español ha protagonizado un proceso de reestructuración sin precedentes en los últimos años. De un sistema bancario con más de cuatro decenas de entidades se ha pasado a una quincena de firmas que han reducido con fuerza su red de empleados y oficinas. El número de sucursales, que se situaba por encima de las 46.000 cuando la quiebra de Lehman Brothers disparó las alarmas de la crisis financiera internacional, en otoño de 2008, se ha reducido drásticamente hasta las 29.645 oficinas que quedaban en septiembre de 2016, según los últimos datos del Banco de España.

En paralelo, la banca ha destruido cerca de 85.000 de los 278.300 empleos que mantenía antes de la vorágine. El ajuste suma un 14% de todo el ajuste de plantilla de la industria financiera global en dicho periodo. Un adelgazamiento sin precedentes de la fuerza laboral financiera que ha hecho oscilar con fuerza el coste del despido en banca. Tras tocar techo en 2015, sin embargo, la indemnización media por trabajador despedido en el sector ha caído ahora a su cota mínima desde que arrancara el proceso de fusiones de las antiguas cajas de ahorro.
En concreto, el coste del despido en banca se situaba al cierre del tercer trimestre de 2016 en los 26.575 euros, la cifra más baja desde los 23.866 euros registrado en el arranque de 2010. Entre medias, la indemnización media se disparó hasta los 128.211 euros alcanzados en 2011 en medio del baile de fusiones de las cajas, o los 131.340 euros que se registraron en el tercer trimestre de 2015, debido a los procesos de absorción de entidades medianas por parte de la gran banca española.
Aún así, aunque pudo serlo más, la reducción de plantilla financiera fue intensa en 2016. Pese a los augurios de banqueros y supervisores, que hablaban de una nueva ronda de fusiones, la incertidumbre que desató la parálisis política del ejercicio propició que las entidades se concentraran en ajustes internos como fórmula para tratar de paliar la presión que ejerce sobre los márgenes de negocio la política de tipos cero del BCE.
Un movimiento especialmente destacado en este sentido es el ajuste emprendido por Banco Santander la pasada primavera, que terminó pactando con los sindicatos la salida de 1.380 de sus 24.200 empleados, una rebaja del 5% de su fuerza laboral, mediante planes de prejubilación para unos 800 empleados y un expediente de regulación de empleo (ERE) para el resto, cuya adhesión se incentivó con indemnizaciones de 40 días por año trabajado y tope en 24 mensualidades más primas por antigüedad que iban de 4.000 a 30.000 euros.
Unicaja, de otra parte, también acometió un recorte de plantilla especialmente destacado sobre España Duero, la nueva denominación que dio a Banc Ceiss tras absorberlo. La matriz malagueña planteó un ajuste de un tercio de los empleados restantes en la entidad, aunque durante la negociación la cifra finalmente se redujo a un tercio del total mediante 250 recolocaciones y 850 salidas entre prejubilaciones y bajas a 33 días de salario por año trabajado y una prima de 700 euros por cada año de antigüedad. En esta línea, Liberbank propulsó en junio un millar de salidas entre prejubilaciones y bajas a 30 días por año con tope en 20 mensualidades.
CaixaBank, por su parte, dio por cerrado en septiembre un plan de 431 bajas incentivadas aunque su estimación inicial era facilitar 1.120, tras llevar a cabo un plan de prejubilaciones para otro medio millar en primavera. También BBVA ha llevado a cabo planes de ajuste adicionales durante 2016, pese a que ambas entidades llevaron a cabo importantes recortes el año anterior para absorber Barclays y Catalunya Banc, respectivamente.
Pese al calado de los ajustes culminados en los últimos años, la debilidad del negocio y el auge de la banca digital prometen propiciar un goteo progresivo de nuevas salidas que acompañarán a procesos extraordinarios, como el abierto por Banco Popular (ver despiece), o los que pueden acompañar la privatización de las entidades rescatadas, con lo que es previsible que el coste del despido en banca no se haya estabilizado aún.

Los ajustes por hacer tras 7.500 salidas en 2016

El calibre real de la reestructuración laboral y de capacidad instalada de la banca depende de la fuente, pues se manejan diversas cifras. Los registros oficiales del Banco de España recogen que el número de empleados del conjunto sector financiero se han reducido desde los 278.301 del pico alcanzado en 2008 a los 202.954 de cierre de 2015 (279.855 en 2008 y 197.825 en 2015, si se atiende solo a las entidades de depósito). El supervisor calcula que las oficinas han pasado de 46.000 al inicio de la crisis a 29.645 a cierre del tercer trimestre del año pasado. Es decir, un retroceso del 27% en sucursales y del 35% en fuerza laboral, a la que habría que sumarle la destrucción de cerca de 7.500 empleos más durante el pasado ejercicio.
El ajuste más potente planteado en 2016 –y que la estadística de costes de despido aún no recoge– lo protagonizó Banco Popular que pactó la salida de 2.592 empleados, dos millares de ellos mediante prejubilaciones, y el resto entre excedencias y bajas incentivadas con 35 días de salario por año trabajado y un tope de 110.000 euros.
Los procesos de ajuste que deparará el nuevo ejercicio recién arrancado están todavía por ver pero un factor clave será el futuro de BMN. Aunque el Estado estudiará su posible colocación a un tercero, si las subastas no son suficientemente interesantes se decantará por fusionarla con Bankia dando lugar a una entidad con más de 17.000 empleados y 2.500 oficinas en las que habría que estudiar los solapamientos.
Con todo, la Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas) asume que la reestructuración del sector financiero está lejos de concluir. La institución estima que el número de sucursales se ha rebajado desde las 37.903 de 2012 a 31.021 a finales de 2015, periodo en el que la plantilla del ramo ha caído de 231.389 a 194.688 trabajadores. A partir de ahí, los expertos de Funcas estiman que el sector financiero español habrá acometido el cierre de otras 3.000 oficinas y casi 14.700 empleados hasta 2019.
Juan De Portillo

miércoles, 21 de diciembre de 2016

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21D, LLEGÓ LA HORA DE LAS CLÁUSULAS SUELO DE HIPOTECAS

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha fallado hoy a favor de los clientes en el caso de las indemnizaciones de las cláusulas suelo de las hipotecas. Las entidades tendrán que devolver todo lo que los clientes han abonado de más durante la vida del préstamo y no solo a partir del 9 de mayo de 2013, como fijó el Tribunal Supremo.
"La jurisprudencia española que limita en el tiempo los efectos de la declaración de nulidad de las cláusulas suelo contenidas en los contratos de préstamo hipotecario en España es incompatible con el Derecho de la Unión. Tal limitación da lugar a una protección de los consumidores incompleta e insuficiente, por lo que no constituye un medio adecuado y eficaz para que cese el uso de las cláusulas abusivas", asegura el TJUE en un comunicado.
"La declaración judicial del carácter abusivo de una cláusula debe tener como consecuencia el restablecimiento de la situación en la que se encontraría el consumidor de no haber existido dicha cláusula", precisa la institución.
Las cláusulas suelo se incluyeron en la mayoría de contratos de préstamo hipotecario variable para poner un tipo de interés mínimo que el cliente debería abonar, independientemente de lo que bajase eventualmente el euribor.
El Tribunal Supremo español declaró abusivas la mayoría de estas cláusulas pero limitó la compensación: la cláusula suelo dejaría de aplicarse a partir del 9 de mayo de 2013, pero no se restituiría lo pagado de más anteriormente.
El TJUE se tenía que pronunciar sobre si esa limitación de la compensación vulnera o no la normativa europea de protección al consumidor. Las cifras concretas de impacto no están claras. El banco de inversión Goldman Sachs sitúa la factura en 3.000 millones de euros, pero un informe del Banco de España, citado por las entidades durante la vista oral del caso, apunta que si la sentencia falla a favor de los clientes, el impacto en el sector sería de entre 5.000 millones y 7.500 millones de euros. La institución no ha hecho público ese informe a pesar de que los abogados de los bancos aseguran haber tenido acceso a él.
La magnitud del golpe irá por barrios. Según Goldman Sachs, BBVA será el banco más afectado, con 1.815 millones de euros. CaixaBank ha cifrado en 750 millones el coste de una sentencia contraria a sus intereses. Los siguientes en la lista, según el banco de inversión estadounidense, son Banco Popular, que ya habría provisionado 350 millones de euros, y Bankia, con 160 millones.
Miguel Roig
La Justicia europea ha dado esta mañana una buena noticia a los aproximadamente tres millones de españoles que tienen contratadas hipotecas con cláusulas suelo al declarar incompatible con el derecho comunitario la decisión del Tribunal Supremo de limitar los efectos retroactivos de su devolución cuando estas fueron declaradas abusivas y nulas en mayo del 2014. Los bancos van a tener que devolverles todo lo que les han cobrado de más en virtud de estas cláusulas, hasta 7.500 millones de euros en total, de acuerdo con diferentes estimaciones.

Contra este fallo ya no cabe recurso. Las acciones de los bancos españoles más expuestos a las cláusulas suelo -Banco Popular, Sabadell y Caixabank- caían hasta el 11% en Bolsa tras conocerse la sentencia europea.
Las cláusulas impedían a sus titulares beneficiarse de rebajas por debajo de un umbral predeterminado
Las cláusulas suelo estaban incluidas en muchas de las hipotecas a tipo de interés variable firmadas durante los años del boom en España e impedían a sus titulares beneficiarse de posibles rebajas por debajo de un umbral predeterminado. El Tribunal Supremo declaró el pasado 9 de mayo del 2013 que estas cláusulas eran abusivas ya que los consumidores no habían sido informados adecuadamente de sus implicaciones prácticas.
Sin embargo, alegando razones de seguridad jurídica y estabilidad financiera, decidió limitar en el tiempo los efectos de esa declaración, de modo que los bancos sólo tenían que devolver a los clientes las cantidades cobradas de más a los clientes a partir de la fecha en que dictó sentencia.
Carácter abusivo”
No todos los clientes se quedaron conformes. Algunos siguieron luchando en los tribunales para que se les devolviera las cantidades íntegras cobradas desde la firma de los contratos. Un juzgado de Granada y la Audiencia provincial de Alicante decidieron elevar varias preguntas prejudiciales al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para aclarar si la sentencia del Supremo es conforme con el derecho comunitario y poder resolver varios casos acumulados. El informe preliminar del abogado general del Tribunal europeo avaló en julio la decisión del Supremo pero la sentencia final ha ido por la dirección contraria.
“El Derecho de la Unión se opone a una jurisprudencia nacional en virtud de la cual los efectos resolutorios vinculados a la nulidad de una cláusula abusiva se limitan a las cantidades indebidamente pagadas con posterioridad al pronunciamiento de la resolución judicial mediante se declara su carácter abusivo”, afirma el fallo judicial dictado esta mañana en Luxemburgo. Lo contrario, alega, no daría una protección eficaz al consumidor, de acuerdo con los previsto por la directiva europea y limitaría el “efecto disuasorio” de declarar nulas unas cláusulas abusivas.
Los bancos deben restituir “las ventajas obtenidas indebidamente”
“La declaración judicial del carácter abusivo de una cláusula debe tener como consecuencia el restablecimiento de la situación en la que se encontraría el consumidor de no haber existido dicha cláusula”. Es decir: el resultado del proceso debe ser que el profesional, en este caso los bancos, restituyan “las ventajas obtenidas indebidamente en detrimento del consumidor”.
La limitación en el tiempo que fijó en su día el Tribunal Supremo español resulta en “una protección incompleta e insuficiente de los consumidores que no constituye un medio adecuado y eficaz para que cese el uso de las cláusulas abusivas, en contra de lo que exige la directiva”, concluyen los jueces españoles.
El Banco de España dio a conocer un informe que estima en 7.500 millones la cantidad a pagar
Durante la vista oral del juicio celebrada en Luxemburgo, el Banco de España dio a conocer un informe que estima en unos 7.500 millones de euros la cantidad afectada por la potencial declaración de retroactividad total de la nulidad de las cláusulas. La directiva sobre protección de los consumidores de 1993 en que se basa la sentencia de hoy es la misma que ha obligado al gobierno español a reformar en varias ocasiones la ley hipotecaria, en particular cláusulas que afectaban a la posibilidad de los particulares de defenderse de las órdenes de desahucio.
En general, los titulares de las hipotecas con cláusulas sólo suelo fueron conscientes de las implicaciones jurídicas y económicas de sus contratos cuando descubrieron que no podían beneficiarse de la fuerte caída de los tipos de interés registrada a partir del 2009. El euríbor ha seguido bajando desde entonces y lleva casi un año en negativo.

jueves, 1 de diciembre de 2016

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Pago en efectivo cada vez más difícil


El anuncio de la rebaja de los límites de pago en efectivo entre empresas o entre particulares y empresas a 1.000 euros, desde los 2.500 actuales, como medida para el control del fraude vuelve a acelerar cambios de legislación y decisiones dirigidas a limitar el uso del dinero en metálico para efectuar pagos. No hay que olvidar que en este mismo año el Banco Central Europeo anunció que en el mes de mayo de 2018 dejaba de fabricar billetes de 500 euros con el fin de ir reduciendo paulatinamente su peso. Todo ello es un claro reflejo de una intencionalidad, en España y en la mayoría de los países europeos, el mayor control de las operaciones en efectivo para evitar usos irregulares del mismo.
  • El control de las operaciones en efectivo hoy
El artículo 7 de la Ley 7/2012, de 29 de octubre, de modificación de la normativa tributaria y presupuestaria y de adecuación de la normativa financiera para la intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude, establece la limitación de pagos en efectivo respecto de determinadas operaciones. En particular se establece que no podrán pagarse en efectivo las operaciones, en las que alguna de las partes intervinientes actúe en calidad de empresario o profesional, con un importe igual o superior a 2.500 euros o su contravalor en moneda extranjera. Se amplía este límite hasta 15.000 euros cuando el pagador sea una persona física que justifique que no tiene su domicilio fiscal en España y no actúe en calidad de empresario o profesional. Todo ello se modificará reduciendo este importe en 1.000 euros.

Para evitar picaresca, en el cálculo de las cuantías indicadas, se sumarán los importes de todas las operaciones o pagos en que se haya podido fraccionar la entrega de bienes o la prestación de servicios. Es decir, por ejemplo, con los límites actuales, dos pagos de 2.500 euros por una compra de un coche a un concesionario valorado en 5.000 euros se considera una infracción, ya que la operación se valora por el total, los 5.000 euros.
También es importante analizar que se considera pago en efectivo y estos pagos los define el artículo de otra Ley, el 34.2 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. En este sentido no sólo se incluye el papel moneda, también todos los medios concebidos para ser utilizados como pago al portador, como puede ser un cheque bancario de esta modalidad. Esto es así porque su uso es el mismo que el efectivo y cualquier persona puede cobrarlo o ingresarlo.
Resumiendo. Las operaciones entre particulares no tienen limitaciones y se puede hacer pagos libremente en efectivo. También puedes hacer ingresos en entidades financieras de cualquier cantidad en efectivo, aunque, tengas que rellenar otros requerimientos de información para cumplir la normativa de prevención de blanqueo capitales. La limitación de pagos esté en operaciones entre dos empresas o una empresa y un particular. Todo ello se limitará a 1.000 euros, lo que en la práctica llevará a que sean muchas más las operaciones en las que quede una traza, pruebas de su origen y de su destino.
Todo ello, reforzado con un régimen de sanciones importante, que valora la declaración de alguna de las partes de las operaciones. En la actualidad si lo incumples, te enfrentarías a una infracción administrativa grave con una sanción del 25% sobre el importe de la operación. Por ejemplo, para un pago de 5.000 euros, la multa será de 1.250 euros. Pero como hemos mencionado, existe la posibilidad de que una de las partes quede exonerada de infracción, siempre que denuncie la operación en un plazo nunca superior a 3 meses. Eso sí, si las dos partes denuncian, no exonerará de responsabilidad a ninguno de ellos. Con este punto, se intentan evitar picarescas o acuerdo entre ambas partes para no ser sancionados.
Cualquier infracción prescribirá a los cinco años, que comenzarán a contarse desde el día en que la infracción se hubiera cometido. Con todo ello, se busca que, por ejemplo, se eviten otros fraudes, como facturas en B o pagos sin IVA, sin que ello suponga un problema para los negocios en los que como ocurre en el comercio, se paga normalmente en efectivo.
  • Nuevos medios de pago para limitar el pago en efectivo
Este movimiento choca con otras limitaciones que están llevando a que siga cayendo el uso en efectivo, incluso entre particulares. Por ejemplo, las mayores comisiones por sacar en cajeros ajenos (no se bonifica ya los cajeros de una misma red) ha llevado a que, por primera vez, en plena campaña prenavideña, el volumen de operaciones con tarjeta haya superado al pago en efectivo.
Parte de este avance está también en la tecnología de pago por contacto o contactless. El crecimiento de estos sistemas se está produciendo tanto para el consumidor como para los comercios, estos últimos con nuevos terminales adaptados. Con ello, se multiplicarán el uso de las pequeñas compras, hasta ahora territorio “vedado” para el efectivo. El móvil es otro segmento de medios de pago que crecerá en los próximos años. La tecnología NFC (Near Field Communications) nos permite comprar acercando el móvil a un terminal de venta, pero sin necesidad de realizar contacto. Su hándicap, que, para ello, es necesario que comprador y vendedor hayan adoptado esta tecnología.
  • ¿Un paso atrás a la libertad del consumidor?
Para muchos estos avances no son del todo positivos. Los detractores de este cambio señalan que la desaparición del dinero físico podría perjudicar a los colectivos más desfavorecidos, como personas sin recursos. Por otro lado, los hackers y riesgos de seguridad informática seguirán creciendo. Y por supuesto, las transacciones con estos medios de pago son 100% trazables por las entidades financieras y por los organismos de Hacienda si así lo requieren.
El efectivo no desaparecerá, pero sí parece claro que la confluencia de muchos intereses llevará a una mayor e importante restricción en su uso, y que otros medios de pago clásicos como transferencias o tarjetas bancarias, unidos a otros más recientes seguirán ganando peso.
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História y decadencia del banco más rentable del mundo


No hace tanto tiempo que el Popular, banco español de tamaño mediano sin apenas negocio en el extranjero, aparecía en los «rankings» como la entidad más rentable del mundo junto a los gigantes financieros estadounidenses. La burbuja inmobiliaria se llevó por delante esos buenos números como tantas otras cosas en España. Entró tarde y mal en el negocio del ladrillo y ese ha sido el gran error que ha hipotecado su futuro hasta el punto que ahora, cuando cumple 90 años de historia, se antoja cada vez más difícil que se mantenga independiente y todo apunta a que será absorbido por un competidor de mayor tamaño.
El Popular nació en 1926 como Banco Popular de los Previsores del Porvenir, y en 1947 cambió esa primera denominación por la actual, Banco Popular Español. Fue entonces, a partir de los años 50 y sobre todo de los 60, y más aún bajo la presidencia de Luis Valls Taberner —estuvo en el cargo de 1972 a 2004— y el apoyo del Opus Dei, cuando el Popular se convirtió en un referente no solo nacional de cómo hacer banca. Muy focalizado en el cliente y especializado en pequeñas y medianas empresas, con un saberhacer que todos sus competidores elogian, uno de los principios por los que se guió el Popular en esas décadas fue la austeridad y la prudencia.

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Cambios en la cúpula de Caixabank

La entidad reorganiza su estructura directiva con varios movimientos que afectan principalmente a los departamentos de Intervención y Riesgos y a su filial inmobiliaria.
El hasta ahora director general de Riesgos, Pablo Forero, continúa como director general de Caixabank y como miembro de su comité de dirección, aunque ampliará su dedicación al banco portugués BPI, opado recientemente por la entidad española. Forero participará en BPI como consejero.
Por otro lado, Jordi Mondéjar, hasta ahora director ejecutivo de Intervención, Control de Gestión y Capital, asume la Dirección General de Riesgos, de la que pasa a depender Building Center, filial inmobiliaria de Caixabank.

jueves, 17 de noviembre de 2016

¿Fusiones difíciles?, es mejor solo que mal acompañado


Hasta no hace mucho, los expertos auguraban que el inicio de una nueva ronda de fusiones bancarias no se iniciaría hasta que se hubiera creado un nuevo Gobierno. Con Rajoy de nuevo al frente del Ejecutivo, las prisas pasan a un segundo plano y todos esperan a que haya datos al cierre del actual ejercicio antes de dar cualquier paso. Tanto la renovación interna del Popular como la decisión que el FROB adopte sobre Bankia y BMN serán determinantes ante cualquier movimiento.
Casi ningún banco, con la ex­cep­ción de Bankinter (el único cuyas ac­ciones au­mentan desde pri­meros de año), des­carta en­trar en algún mo­vi­miento cor­po­ra­tivo que pueda sur­gir. Eso sí, las po­ten­ciales fu­siones o in­te­gra­ciones se di­visan con cierta pers­pec­tiva y no al más corto plazo, como se suele su­gerir desde los su­per­vi­sores (Banco de España y Banco Central Europeo).
A tan sólo mes y medio para que se cie­rren las cuentas anua­les, la ma­yoría de los res­pon­sa­bles en banca es­peran a una foto de­fi­ni­tiva de la si­tua­ción de sus com­pe­ti­dores y cuáles de ellos ofrecen mayor atrac­tivo para afrontar algún acer­ca­miento. La pre­sión ac­tual no es igual que en los duros años de la crisis y cual­quier ope­ra­ción debe tener un en­caje em­pre­sa­rial pleno.
Esos son los ar­gu­mentos que es­gri­men, desde hace me­ses, los di­rec­tivos de la banca es­pañola, más cen­trados en me­jorar la efi­ciencia y la ren­ta­bi­lidad con pro­cesos in­ternos que con ope­ra­ciones cor­po­ra­tivas que no siempre su­ponen un avance sig­ni­fi­ca­tivo en esas va­ria­bles ahora tan mi­ra­das.
Como se ha com­pro­bado en el pa­sado más re­ciente, la suma de dos bancos no con­duce de ma­nera in­me­diata a una en­tidad más fuerte y es­ta­ble. Incluso, ha ocu­rrido todo lo con­trario en al­gunas fu­siones casi im­puestas a la fuerza por la si­tua­ción de al­guno de ellos, tanto en ra­tios como en re­sul­ta­dos.
Tal vez por ello, la pru­dencia se ha apo­de­rado de los res­pon­sa­bles de los bancos es­paño­les, que pre­fieren es­perar a tener un pa­no­rama des­pe­jado en todos los as­pec­tos. Y no sólo en el po­lí­tico, que hasta el mo­mento se es­grimía como la mayor in­cóg­nita para abordar cual­quier ope­ra­ción.
Casos pen­dientes
Durante las re­cientes pre­sen­ta­ciones de los re­sul­tados del tercer tri­mestre (el menos atrac­tivo, en teo­ría, por su con­di­ción de es­ta­cio­na­lidad ve­ra­nie­ga), dos asuntos se han cru­zado ante el fu­turo a medio plazo del sector fi­nan­ciero es­pañol. Por un lado, el fu­turo con­junto o por se­pa­rado de las dos en­ti­dades na­cio­na­li­za­das, Bankia y BMN, así como la re­mo­de­la­ción in­terna del Popular.
La ma­yoría de los di­rec­tivos de los bancos han pro­tes­tado ante la po­si­bi­lidad de que el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) opte por la in­te­gra­ción de BMN en Bankia. La pe­ti­ción ge­ne­ra­li­zada es que se opte por una li­bertad de mer­cado sobre el fu­turo de las dos en­ti­dades aún na­cio­na­li­za­das.
Precisamente, BMN aún no ha dado a co­nocer sus re­sul­tados del tercer tri­mes­tre, algo que se es­pera con cierta an­siedad en al­gunos círculos para poder eva­luar su in­terés por el grupo que se creó bajo el li­de­razgo de la Caja Murcia pre­si­dida por Carlos Egea. No obs­tante, cual­quier de­ci­sión se adop­taría con las cuentas a fi­nales del ac­tual ejer­ci­cio, según al­gunas fuentes con­sul­ta­das.
Por su parte, el Popular se en­cuentra en el punto de mira de todo el sector por su pro­ceso de re­es­truc­tu­ra­ción in­terno. Tanto su pre­si­dente, Ángel Ron, como el nuevo con­se­jero de­le­gado, Pedro Larena, reiteran de ma­nera cons­tante que la se­gre­ga­ción del ne­gocio ban­cario sano del lastre in­mo­bi­lia­rio, junto a la re­duc­ción de red y plan­ti­lla, ga­ran­tizan su in­de­pen­den­cia.
Las dudas sobre un Popular en so­li­tario se re­flejan en los mer­ca­dos, con un ataque con­tinuo de los fondos ba­jistas contra su co­ti­za­ción. La po­si­ción agre­gada de los cortos se apro­xima al 8%. Sus ac­ciones pierden más de un 70% desde pri­meros de año y se en­cuen­tran en mí­nimos his­tó­ri­cos. Su cas­tigo casi du­plica al que sufre Liberbank (48%), el único banco co­ti­zado que está fuera del se­lec­tivo es­pañol.
José Luis Marco

Bancos que crecen en margen de clientes.

Márgenes de clientes (lo que obtienen por sus créditos menos lo que pagan por sus depósitos)

Bankia, con un 1,41%, registra el menor diferencial, y Popular y Santander son los que más caen respecto del año pasado.
El actual entorno de tipos próximos a cero y negativos está suponiendo una presión sin precedentes para las cuentas de resultados de los bancos españoles. Los ingresos cada vez menores por los préstamos no acaban de verse compensados por los ahorros en la remuneración de los depósitos, de forma que los márgenes se están estrechando. El último Informe de Estabilidad Financiera del Banco de España estima que éstos se han reducido en los primeros seis meses del año un 9,4% respecto al mismo periodo de 2015.
Los últimos resultados correspondientes al tercer trimestre del año muestran que la tendencia de rentabilidad decreciente, de forma general, se ha mantenido en los bancos españoles. De las principales entidades, tan solo Bankinter, CaixaBank y Banco Sabadell han conseguido registrar incrementos en sus márgenes de clientes (lo que obtienen por sus créditos menos lo que pagan por sus depósitos) durante los nueve primeros meses de 2016.
El mayor crecimiento en su spread de cliente durante el último año lo obtiene Sabadell. El banco presidido por Josep Oliu registra en septiembre un 2,60% de margen de clientela excluyendo el efecto de la adquisición del británico TSB, lo que supone una subida del 5,2% en tasa interanual. Cabe señalar que este indicador cae ocho centésimas (desde el 2,68%) respecto al segundo trimestre del año, lo que no impide que el banco catalán siga siendo el que presenta una mayor rentabilidad en este aspecto.
Tras Sabadell es Bankinter el que más crece en un año (un 4,4%) tras alcanzar un margen de clientes del 1,71% en los nueve primeros meses de 2016. CaixaBank es la otra entidad que registra una mejora en la rentabilidad obtenida por sus clientes. Aunque es una evolución positiva mínima, el banco presidido por Jordi Gual mejora un punto básico en su margen de clientela, ascendiendo hasta el 2,04% respecto al mismo trimestre del año pasado.

BBVA se queda igual

BBVA, con un 1,83%, ni avanza ni retrocede aparentemente en el último año tomando como referencia su negocio en España, si bien cabe destacar que mejora su rentabilidad por cliente en ocho puntos básicos (desde el 1,75% de junio). Aparte del banco presidido por Francisco González, el resto de entidades muestran caídas interanuales, lo que muestra lo complicado que puede ser el entorno de tipos próximos a cero.
El banco con peor comportamiento en su margen de clientes durante el último año ha sido Popular. La entidad presidida por Ángel Ron cae un 11,3% desde septiembre de 2015 y se sitúa en un 2,27%, por lo que pierde el primer puesto logrado el año pasado como institución bancaria que sacaba más rentabilidad de su clientela.
Tras Popular, es Banco Santander el que constata una mayor bajada en el margen de clientes de su negocio en España. En concreto, desciende un 10,2% entre septiembre de 2015 y septiembre de 2016, dejando su spread en el 1,57%, lo que le coloca como uno de los más bajos del sector bancario español. La política de alta remuneración de la Cuenta 1,2,3 es una de las causas que explicarían este descenso en el mayor banco español.
De entre los bancos que proporcionan datos también caen, aunque por debajo de los dos dígitos, Kutxabank y Bankia. La antigua caja vasca retrocede un 8,1% en el último año, mientras que el banco nacionalizado lo hace un -4,1%, dejando su margen de clientes en el 1,41%, el más bajo de todas las entidades analizadas. Cuestión aparte es el caso de Liberbank, que proporciona en sus cuentas el dato de margen comercial minorista recurrente. La entidad cae un 6,8% en tasa interanual, y registra un spread del 1,49%.
En este contexto de márgenes en mínimos, ¿qué queda? Recortar gastos, tal y como ha apuntado el Banco de España en su último Informe de Estabilidad Financiera. "En este contexto de márgenes deprimidos que, previsiblemente, se prolongue en el tiempo, es de esperar que las entidades perseveren en sus esfuerzos por aumentar la eficiencia mediante la reducción de sus costes, a la vez que exploren fuentes alternativas de recursos".
NICOLÁS M. SARRIÉS

Extender la pensión privada obligatoria a todos los trabajadores, propuesta de la banca

Las patronales del seguro y de fondos de inversión proponen un sistema similar al que ya está en vigor en Reino Unido e Irlanda. Allí, sólo una tercera parte de las empresas ofrecían pensiones a sus trabajadores, por lo que había un amplio porcentaje de ciudadanos que quedaban fuera del sistema. Ahora, todas las empresas tienen ahora la obligación de proporcionar un plan de pensiones para sus trabajadores y están obligadas a contribuir a ese plan de empleo
El sistema público de pensiones de España está en el epicentro del debate político. La hucha se vacía según transcurren los meses y la factura a desembolsar es cada vez mayor, mientras el mercado laboral no genera los ingresos suficientes para poder mantener el sistema tal y como está establecido en la actualidad. Mientras en el Congreso de los Diputados comienzan las negociaciones para definir una nueva normativa en busca de la sostenibilidad perdida, las patronales del seguro y de los fondos de inversión plantean algunas alternativas. Por ejemplo, un sistema privado cuasi obligatorio similar al que ya funciona en Reino Unido o Irlanda. 
Expertos de primer nivel en los modelos de pensiones de estos países, Alemania y Suecia, han compartido su experiencia y visión sobre las medidas aplicadas que, en todos los casos, combinan los ingresos por pensiones públicas con sistemas privados a través de las empresas. Lo han hecho durante un foro organizado por la entidad financiera Ibercaja y el diario ‘Cinco Días’.
En ésta ocasión han sido analizadas distintas opciones de reforma del sistema de pensiones desde la experiencia de otros países europeos, que han atravesado circunstancias similares a las de España en décadas pasadas. En su opinión, para hacer sostenible nuestro estado de bienestar, hay que abordar tres líneas de trabajo: ampliar la capacidad de crecimiento de nuestra economía, para que las tasas de actividad, empleo y recaudación de cotizaciones sociales sean superiores; revisar y adecuar a las coordenadas actuales y futuras el sistema público de reparto actual; y fomentar la cultura del ahorro a largo plazo entre los ciudadanos, con especial incidencia en los sistemas complementarios privados de pensiones.
Matthew Blakstad, Head of Insight Unit, NEST Corporation (National Employment Savings Trust), ha introducido el modelo inglés; Tabea Bücher-Koenen, jefe de la Unidad de Pensiones y Política Social del Max-Planck Institute for Social Law and Social Policy, ha descrito el modelo alemán; y, por último, Edward Palmer, Profesor Emérito en el Departamento de Economía de la Universidad de Uppsala y Senior Fellow en el Uppsala Center for Labor Studies, se ha encargado de acercar las bondades del sistema sueco.
Mattehew Blaskstad comentó el sistema cuasi obligatorio puesto en marcha en Reino Unido. Según explicó este experto, el sistema nacional de pensiones en Reino Unido tenía un perfil más asistencial que realmente un sistema público de pensiones, por lo que los ciudadanos dependían de planes de pensiones privados. En cualquier caso, sólo una tercera parte de las empresas ofrecían pensiones a sus trabajadores, por lo que había un amplio porcentaje de ciudadanos que quedaban fuera del sistema.
En Reino Unido, todas las empresas tienen ahora la obligación de proporcionar un plan de pensiones para sus trabajadores y están obligadas a contribuir a ese plan de empleo. En este modelo, el trabajador es quién puede decidir no acogerse a uno de estos planes. Por tanto, según explicó Blakstad, es un modelo cuasi obligatorio y de autoadhesión. Este sistema pretende que la contribución de las empresas y los empleados se sitúe alrededor del 8% en los próximos años.
El sistema germano, denominado Plan Reister, también combina la pensión pública con el ahorro privado, y se potencia a través de incentivos la participación de los ciudadanos. De este modo, la inversión de los alemanes en un plan privado cuenta con la subvención con una deducción fiscal o una cantidad en efectivo (para la gente con menos ingresos). Según el método, el 78% de los hogares alemanes compensarían la caída de las pensiones participando de este nuevo modelo.
Finalmente, Edward Palmer ha presentado el sistema sueco, en el que las empresas tienen la obligación de ofrecer un plan de pensiones a sus trabajadores y los empleados están, también, obligados a suscribirlo. El modelo sueco ha influido en otros países que han copiado este sistema y ha supuesto la creación de cuentas virtuales, con dos grandes ventajas: la transparencia y que el pensionista recibe lo que ahorra, lo que también supone la combinación del sistema de reparto, con el sistema de capitalización y de forma obligatoria. En el modelo sueco, cada trabajador tiene una cuenta individual en la que se anotan las contribuciones realizadas tanto por él como por la empresa. El saldo de esa cuenta nacional representa el derecho acumulado de pensión futura.
Raúl Martín